PLD cuestiona compras de urgencia para adquirir calzado escolar importado y de baja calidad.
https://www.notiredsanjuan.com/2026/06/pld-cuestiona-compras-de-urgencia-para.html
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administrativos y señales alarmantes de perjuicio a la industria nacional del calzado, empresas que desde el año 2013 vienen supliendo la demanda que deviene de la matrícula escolar del sistema educativo público.
La situación se inicia en el 2024, cuando el INABIE da a conocer una licitación pública nacional (la INABIE-CCC-LPN-2024-0012) para la confección y adquisición de zapatos escolares de los períodos 2025-2026 y 2026-2027.
Ese proceso recibió 172 ofertas y culminó con adjudicaciones a 101 proveedores. Debido a varios escándalos y denuncias públicas, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), mediante la Resolución RIC-0106-2025, del 11 de agosto de 2025, verificó que 98 de esos 101 contratos presentaban irregularidades que afectaban la legalidad y transparencia del proceso. Como consecuencia, fueron anuladas 25 adjudicaciones.
Lo correcto y eficiente hubiera sido que inmediatamente se dio a conocer la anulación, el INABIE hiciera una nueva licitación. Pero no la hizo, dejó pasar el tiempo y en abril de este año, o sea, 9 meses después de que se anularan las adjudicaciones, usó el recurso de proceso de urgencia —referencias INABIE-MAE-PEUR-2026-0003— para llamar a competir por la adquisición de los zapatos escolares.
Este proceso declarado de urgencia no responde a una situación imprevisible, tal como establece la ley 47-25 en su Artículo 78. Es más bien el resultado de una falta de planificación y la aparente intención de tener mayor control de las adjudicaciones y reducir la competencia, levantando sospechas legítimas sobre si esta licitación tiene oferentes preferidos.
La industria nacional del calzado ha demostrado en los últimos 14 años que es capaz de suplir la demanda de zapatos del sector educativo con calzados de calidad, duraderos y con garantía de utilidad de al menos el año escolar completo.
Otro de los elementos del proceso en cuestión es que, se pretenda elevar el porcentaje de zapatos importados de un 20 a un 30 o quizás 40 %, bajo el alegato de que los productores locales no tienen la capacidad para satisfacer la demanda actual. El hecho de que se haya dilatado de manera excesiva la fecha para el llamado a la licitación en cuestión aparenta ser una táctica dilatoria encaminada a justificar un incremento del porcentaje a ser destinado a privilegiar las importaciones, contraviniendo de esa manera un mandato de la ley de Compras y Contrataciones Públicas. que vende como uno de sus logros fundamentales el apoyo a las micros y medianas empresas de producción nacional.
Pero peor aún, los zapatos importados, son de material sintético, de menor calidad, menos estético, menos duradero, con un costo para el importador de menos de la mitad del costo de producir un zapato dominicano de piel, por lo que implica un margen de ganancia extraordinario para los importadores, mientras al productor nacional del zapato de piel de y mayor calidad se le pone en riesgo de desaparecer.
Según investigaciones de costos que hemos realizado, al gobierno le cuesta prácticamente lo mismo adquirir zapatos en piel de fabricación nacional que zapatos importados sintéticos, de baja calidad y sin la misma garantía. Esto va en contra de los estudiantes, de los productores de zapatos y del manejo de los recursos públicos.
La industria nacional del calzado tiene los recursos técnicos y la capacidad para suplir los cerca de 900 mil pares de zapatos que se están licitando, por lo que no es necesario ni recurrir a importadores ni a intermediarios amigos de autoridades para lograr que niños y niñas del sistema educativo nacional inicien el año escolar con zapatos de calidad y a precio razonable.
Otro aspecto que llama la atención es que el zapato de material sintético se puede adquirir en el mercado local, de manera unitaria, unos 60 pesos más barato que el precio al por mayor de como los compraría el INABIE.
Además de la situación presentada, en febrero de año 2025 se denunció públicamente que, de 51 oferentes clasificados como fabricantes en la licitación anterior, solo 20 eran reconocidos como tales. Y esa práctica ha sido auditada por la Camara de cuentas de la República Dominicana sin consecuencia alguna hasta la fecha.
En otras palabras, el 61% de los participantes clasificados como fabricantes no eran identificados por el sector como productores reales de calzado. Se trataba de empresas construidas a la carrera, cuyo objeto social no guardaba relación directa con la producción de zapatos escolares.
Durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana se promulgó el Decreto 164-13, concebido para fortalecer la producción nacional y garantizar que las compras públicas contribuyeran al desarrollo industrial, la generación de empleos y el crecimiento económico del país. Si privilegiamos la importación de zapatos escolares estaríamos haciendo todo lo contrario. Obsérvese que estamos hablando de un sector que genera decenas de miles de empleos directos e indirectos, con lo que aporta valor agregado a la economía nacional.
Ante la gravedad de los hechos descritos, el Partido de la Liberación Dominicana exige:
1. Que el INABIE y la DGCP, en esta ocasión, garanticen que ninguna empresa fantasma o que no cumpla con el criterio de capacidad técnica comprobada sea adjudicada en la licitación en proceso.
2. Que la verificación de instalaciones, personal, maquinaria y capacidad instalada sea rigurosa, presencial, y respaldada por criterios objetivos y verificables.
3. Que el proceso INABIE-MAE-PEUR-2026-0003 no se convierta en un mecanismo para sustituir producción nacional por calzados importados de menor calidad y en detrimento de los productores locales de probada competencia.
4. Que se respete el espíritu del Decreto 164-13 como política pública de apoyo a la industria nacional, y en especial a micros y medianos empresarios.
5. Que la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público continúen las investigaciones derivadas de las irregularidades identificadas por la DGCP y determinen las responsabilidades correspondientes.
Lo ocurrido y lo que pueda ocurrir en la licitación que nos ocupa es relevante y significativo. Se trata de una prueba de la capacidad del Estado para planificar, proteger la producción nacional y administrar con responsabilidad los recursos de los contribuyentes.
No podemos olvidar que la administración actual del INABIE es la tercera en lo que va de esta gestión gubernamental, y que las dos anteriores han sido desvinculadas por serias denuncias de actos indebidos, algunos de ellos todavía en proceso de investigación. También debemos tener presente que cada proceso de licitación, de alimentos o calzados, ha sido altamente cuestionado. Y por esos nefastos antecedentes, esperamos que ahora no ocurra lo mismo y que de una vez por todas el INABIE se distinga por la transparencia, la equidad, la igualdad de oportunidades y por el respeto a los preceptos de la ley.
El Partido de la Liberación Dominicana continuará vigilante. Defenderemos el derecho de los estudiantes a recibir utilería escolar de calidad y a tiempo. Defenderemos los empleos que genera la industria nacional. Y defenderemos el uso transparente, eficiente y responsable de cada peso aportado por los contribuyentes dominicanos.
La educación merece planificación. La industria nacional merece respeto. Y el pueblo dominicano merece que los recursos públicos se manejen con transparencia.
Santo Domingo, D.N.
08 de junio, 2026.-
La situación se inicia en el 2024, cuando el INABIE da a conocer una licitación pública nacional (la INABIE-CCC-LPN-2024-0012) para la confección y adquisición de zapatos escolares de los períodos 2025-2026 y 2026-2027.
Ese proceso recibió 172 ofertas y culminó con adjudicaciones a 101 proveedores. Debido a varios escándalos y denuncias públicas, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), mediante la Resolución RIC-0106-2025, del 11 de agosto de 2025, verificó que 98 de esos 101 contratos presentaban irregularidades que afectaban la legalidad y transparencia del proceso. Como consecuencia, fueron anuladas 25 adjudicaciones.
Lo correcto y eficiente hubiera sido que inmediatamente se dio a conocer la anulación, el INABIE hiciera una nueva licitación. Pero no la hizo, dejó pasar el tiempo y en abril de este año, o sea, 9 meses después de que se anularan las adjudicaciones, usó el recurso de proceso de urgencia —referencias INABIE-MAE-PEUR-2026-0003— para llamar a competir por la adquisición de los zapatos escolares.
Este proceso declarado de urgencia no responde a una situación imprevisible, tal como establece la ley 47-25 en su Artículo 78. Es más bien el resultado de una falta de planificación y la aparente intención de tener mayor control de las adjudicaciones y reducir la competencia, levantando sospechas legítimas sobre si esta licitación tiene oferentes preferidos.
La industria nacional del calzado ha demostrado en los últimos 14 años que es capaz de suplir la demanda de zapatos del sector educativo con calzados de calidad, duraderos y con garantía de utilidad de al menos el año escolar completo.
Otro de los elementos del proceso en cuestión es que, se pretenda elevar el porcentaje de zapatos importados de un 20 a un 30 o quizás 40 %, bajo el alegato de que los productores locales no tienen la capacidad para satisfacer la demanda actual. El hecho de que se haya dilatado de manera excesiva la fecha para el llamado a la licitación en cuestión aparenta ser una táctica dilatoria encaminada a justificar un incremento del porcentaje a ser destinado a privilegiar las importaciones, contraviniendo de esa manera un mandato de la ley de Compras y Contrataciones Públicas. que vende como uno de sus logros fundamentales el apoyo a las micros y medianas empresas de producción nacional.
Pero peor aún, los zapatos importados, son de material sintético, de menor calidad, menos estético, menos duradero, con un costo para el importador de menos de la mitad del costo de producir un zapato dominicano de piel, por lo que implica un margen de ganancia extraordinario para los importadores, mientras al productor nacional del zapato de piel de y mayor calidad se le pone en riesgo de desaparecer.
Según investigaciones de costos que hemos realizado, al gobierno le cuesta prácticamente lo mismo adquirir zapatos en piel de fabricación nacional que zapatos importados sintéticos, de baja calidad y sin la misma garantía. Esto va en contra de los estudiantes, de los productores de zapatos y del manejo de los recursos públicos.
La industria nacional del calzado tiene los recursos técnicos y la capacidad para suplir los cerca de 900 mil pares de zapatos que se están licitando, por lo que no es necesario ni recurrir a importadores ni a intermediarios amigos de autoridades para lograr que niños y niñas del sistema educativo nacional inicien el año escolar con zapatos de calidad y a precio razonable.
Otro aspecto que llama la atención es que el zapato de material sintético se puede adquirir en el mercado local, de manera unitaria, unos 60 pesos más barato que el precio al por mayor de como los compraría el INABIE.
Además de la situación presentada, en febrero de año 2025 se denunció públicamente que, de 51 oferentes clasificados como fabricantes en la licitación anterior, solo 20 eran reconocidos como tales. Y esa práctica ha sido auditada por la Camara de cuentas de la República Dominicana sin consecuencia alguna hasta la fecha.
En otras palabras, el 61% de los participantes clasificados como fabricantes no eran identificados por el sector como productores reales de calzado. Se trataba de empresas construidas a la carrera, cuyo objeto social no guardaba relación directa con la producción de zapatos escolares.
Durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana se promulgó el Decreto 164-13, concebido para fortalecer la producción nacional y garantizar que las compras públicas contribuyeran al desarrollo industrial, la generación de empleos y el crecimiento económico del país. Si privilegiamos la importación de zapatos escolares estaríamos haciendo todo lo contrario. Obsérvese que estamos hablando de un sector que genera decenas de miles de empleos directos e indirectos, con lo que aporta valor agregado a la economía nacional.
Ante la gravedad de los hechos descritos, el Partido de la Liberación Dominicana exige:
1. Que el INABIE y la DGCP, en esta ocasión, garanticen que ninguna empresa fantasma o que no cumpla con el criterio de capacidad técnica comprobada sea adjudicada en la licitación en proceso.
2. Que la verificación de instalaciones, personal, maquinaria y capacidad instalada sea rigurosa, presencial, y respaldada por criterios objetivos y verificables.
3. Que el proceso INABIE-MAE-PEUR-2026-0003 no se convierta en un mecanismo para sustituir producción nacional por calzados importados de menor calidad y en detrimento de los productores locales de probada competencia.
4. Que se respete el espíritu del Decreto 164-13 como política pública de apoyo a la industria nacional, y en especial a micros y medianos empresarios.
5. Que la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público continúen las investigaciones derivadas de las irregularidades identificadas por la DGCP y determinen las responsabilidades correspondientes.
Lo ocurrido y lo que pueda ocurrir en la licitación que nos ocupa es relevante y significativo. Se trata de una prueba de la capacidad del Estado para planificar, proteger la producción nacional y administrar con responsabilidad los recursos de los contribuyentes.
No podemos olvidar que la administración actual del INABIE es la tercera en lo que va de esta gestión gubernamental, y que las dos anteriores han sido desvinculadas por serias denuncias de actos indebidos, algunos de ellos todavía en proceso de investigación. También debemos tener presente que cada proceso de licitación, de alimentos o calzados, ha sido altamente cuestionado. Y por esos nefastos antecedentes, esperamos que ahora no ocurra lo mismo y que de una vez por todas el INABIE se distinga por la transparencia, la equidad, la igualdad de oportunidades y por el respeto a los preceptos de la ley.
El Partido de la Liberación Dominicana continuará vigilante. Defenderemos el derecho de los estudiantes a recibir utilería escolar de calidad y a tiempo. Defenderemos los empleos que genera la industria nacional. Y defenderemos el uso transparente, eficiente y responsable de cada peso aportado por los contribuyentes dominicanos.
La educación merece planificación. La industria nacional merece respeto. Y el pueblo dominicano merece que los recursos públicos se manejen con transparencia.
Santo Domingo, D.N.
08 de junio, 2026.-
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