El lucrativo negocio del narco en una cárcel en pandemia

 

El sumario de la trama desmantelada en septiembre en la prisión de Navalcarnero detalla cómo se introducía la droga pese al aislamiento por el estado de alarma

El aislamiento al que el Ministerio del Interior sometió durante el estado de alarma a las cárceles españolas para minimizar el riesgo de contagio de la covid no impidió a los narcotraficantes que actúan tras sus muros continuar con su negocio. E incluso verlo crecer. La desarticulación de una trama en el centro penitenciario de Navalcarnero (Madrid) el pasado septiembre, con la detención de 18 personas —cinco de ellas, funcionarios de prisiones—, ha permitido conocer las tácticas con las que sus miembros lograron burlar la dificultad que la pandemia supuso para la introducción de droga. Y cómo el doble encierro que para la introducción de droga. Y cómo el doble encierro que aquella supuso para los reclusos derivó en una mayor dependencia de los estupefacientes y un negocio redondo para la mafia. El sumario, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que, durante la pandemia, tres presos de esta cárcel murieron por sobredosis.

La bautizada como Operación Orión —que se desarrolló en paralelo a otra en la prisión de Valdemoro (Madrid) por la que en junio fueron arrestados cuatro funcionarios y dos reclusos por hechos similares— se inició tras remitir el director del Centro Penitenciario de Navalcarnero dos cartas en junio de 2019 a Interior. En ellas solicitaba ayuda policial para cortar la entrada de drogas y teléfonos móviles (cuya tenencia y uso dentro de prisión está prohibido) que había puesto en riesgo la seguridad del centro. En aquel documento, el responsable de la cárcel señalaba ya a dos trabajadores como presuntamente implicados en la trama, según recoge el sumario.

El pasado 29 de septiembre, más de dos años después de aquella denuncia, la Guardia Civil detenía a cinco trabajadores de la cárcel, uno de ellos jubilado, junto a otras 13 personas, entre ellas siete reclusos, como presuntos integrantes de la trama. Los funcionarios en activo, que niegan las acusaciones, están desde entonces suspendidos de funciones por Instituciones Penitenciarias.

Según el informe que el instituto armado remitió al juez poco antes de los arrestos, “los funcionarios investigados aprovecharían su condición para introducir, sin el menor problema debido a que no tienen ningún tipo de control a la entrada al recinto penitenciario, entre sus pertenencias determinadas sustancias estupefacientes y teléfonos móviles” que luego entregaban a internos con los que supuestamente estaban compinchados.

Los testimonios recogidos por los agentes apuntan a que lo hacían en mochilas en las que llegaban a portar hasta un kilo de hachís, 20 gramos de cocaína y 20 de heroína, además de teléfonos con conexión a internet. Por cada una de estas mochilas que colaban recibían 1.500 euros, según declararon algunos de los 11 testigos protegidos, seis de ellos reclusos, con los que cuenta la causa. Fuentes de las defensas de los trabajadores restan credibilidad a estos testimonios y añaden que, cuando algunos de estos testigos fueron llamados por la jueza de Navalcarnero que instruye la causa para que ratificaran su testimonio, no se presentaron y están ilocalizables.

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